OPINION: Carta a la Dra. Miriam Germán.
Procuradora General de la República.
Su Despacho.
Ciudad.
Apreciada Magistrada:
Con la seguridad de que nuestro pueblo cuenta con una Procuradora de su más alta valoración y su plena confianza, antes de entrar en el tema que motiva esta comunicación, le expreso mi sincero reconocimiento por los significativos aportes y la ejemplar conducta ética-moral que usted digna y desinteresadamente ha asumido a lo largo de su carrera profesional y de su trayectoria de vida, en esta sociedad lamentablemente dominada por una clase dominante-gobernante hostil a todo lo que representa moralidad, derechos individuales y sociales, justicia e igualdad.
El tema que deseo presentarle se refiere a nuestro interés de canalizar por la vía de la justicia penal el caso del acto de compra y venta fraudulenta de las acciones de BANINTER en ANTENA LATINA Y ANTENA 21 ejecutado a raíz de la declaración en quiebra del Banco Interamericano (Baninter); respecto al cual, quien suscribe esta carta junto mis compañeros Raúl Guerrero, Rafael Feliz y Félix Tejeda (recientemente fallecido), interpusimos una demanda de nulidad por la vía de la justicia civil, todavía pendiente del fallo definitivo de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia; proceso iniciado hace varios años a través de Tercera Cámara y Civil Comercial del Distrito Nacional.
Dicho proceso en lo civil a favor de la nulidad de contrato, ha sido llevado por el Dr. José Darío Marcelino y los Licdos Bautista López García y Luis Mena Tavárez. Sobre el mismo se han emitido dos sentencias: la civil núm. 036-2017-SSEN-00170 Bis., expediente número 036-2013-00933, de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual declarara inadmisible la demanda por supuesta falta de calidad, confirmada luego por la sentencia civil núm. 026-02-CIV-00391, NCI núm. 026-02-2017-ECIV-00370, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fue impugnada en casación, exp. Núm. 003-2018-04710, Exp. Único 036-2013-00933, quedando pendiente de fallo en la audiencia de fecha 16/09/2020.
Con el propósito de dotar a esa alta instancia del Ministerio Público de toda la información en nuestro poder, le adjunto a esta comunicación el dossier completo del caso, que podría servir para una necesaria investigación a fondo de sus implicaciones penales; y, además, le incluyo una síntesis del archivo del proceso instrumentado por la vía civil, el cual contiene también datos e informaciones de interés.
Nos mueve solo el interés de que los autores y beneficiarios de esa operación fraudulenta, en las que estuvieron involucradas altas figuras del Estado dominicano y ejecutivos y dueños de grandes empresas privadas de aquí y del exterior, no sigan protegidas por el reinado de impunidad impuesto desde hace décadas.
Nos parece que este hecho es lo suficientemente grave para que esa Procuraduría, empeñada en hacer justicia y ponerle fin a la impunidad, le preste la debida atención; comenzando por ordenar su investigación a partir de los datos y documentos que le estamos entregando.
El fraude se avanzó en el 2012, justo en el periodo de transición entre la presidencia de Leonel Fernández y la de Danilo Medina, y se ejecutó mediante un acto de compra y venta del 47.5% del total de acciones de ANTENA LATINA y ANTENA 21 pertenecientes al Banco Intercontinental (BANINTER) y traspasadas al Banco Central luego de declarada en quiebra esa entidad bancaria privada y de ser intervenida por la mencionada entidad estatal.
Por el lado del Estado, la confabulación estuvo a cargo de toda la membrecía de la Comisión Liquidadora de los Bienes del Banco Intercontinental (BANINTER) y del propio Gobernador del Banco Central, Valdez Albizu.
Por el lado del comprador, actuó José Miguel Bonetti Dubreil, relevante miembro del GRUPO BONETTI, presidiendo en ese instante ANTENA LATINA y ANTENA 21,
Bonetti Dubreil, a su vez, hizo en los hechos el papel de intermediario para traspasarlas soterradamente al magnate mexicano-estadounidense que responde al nombre ANGEL REMIGIO GONZÁLEZ (alias EL FANTASMA), co-propietario de la red empresarial de la comunicación ALBAVISIÓN, radicada en 11 países del Continente. Para esos fines crearon la empresa compradora ELKTON, la cual recibió los fondos correspondientes vía un banco radicado en Bahamas.
A Ángel González se le sindica como testaferro del grupo mafioso mexicano encabezado por los hermanos Salinas de Gortari y se le asocia al exiliado cubano Gerardo San Pedro, vinculado al capo colombiano Rodríguez Orejuela.
Incluso recientemente fue objeto de un pedido al Presidente Trump de parte de varios congresistas estadounidenses demandando la intervención de sus cuentas en bancos radicados en EE.UU.
Su esposa, co-propietaria de ALBA VISIÓN, fue declarada prófuga en Guatemala luego de comprobarse su complicidad en un gran escándalo de corrupción en el que están involucrados el ex-presidente Otto Pérez Molina y la ex-vicepresidenta Rosanna Baldetti.
Ese gran paquete de acciones fue comprado en sólo 6.7 millones de dólares y se ha podido comprobar que su valor, conservadoramente calculado supera los 40 millones de dólares; lo que fue confirmado por una tasación ordenada por el Senado de la República cuando le tocó investigar el caso, concluyendo en que el acto de compra y venta debía ser anulado.
En esa oportunidad -en otra operación turbia sin mediación de pago y no precisada por el Banco Central- a Bonetti Dubreil se le asignaron otro 5% de las acciones de la empresa, y de ese total le vendió la mitad por 5 millones de dólares a Ángel Gonzales, con lo que éste completó el 50% del total de las acciones y logró contralar las gerencias de Antena Latina y Antena 21.
Más tarde, en otra operación ilegal, el controversial empresario mexicano-estadounidense adquirió el resto de las acciones pertenecientes al señor Bonetti Dubreil, convirtiéndose así en accionista mayoritario y amo de ese importante consorcio de la comunicación, lo que también es ilegal por su condición de extranjero.
Es clara, pues, la asociación estatal-privada en esa operación fraudulenta y es impensable que el Presidente de turno, Leonel Fernández, no estuviera enterado de un paso tan delicado relacionado con el sonado caso BANINTER.
Siempre en la disposición de seguir aportando y con la esperanza de una pronta intervención del Ministerio Publico que usted encabeza, le saluda con el respeto merecido.
Narciso Isa Conde
Santo Domingo, RD // 23 de Octubre 2020
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