SANTO DOMINGO: Participación Ciudadana afirma que Danilo, Leonel e Hipólito deben de pedir excusa al país por el caso de corrupción
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento cívico Participación Ciudadana declaró que los líderes políticos nacionales, incluyendo al presidente Danilo Medina y sus antecesores Leonel Fernández e Hipólito Mejía, deben de reconocer la gravedad del escándalo de corrupción de Odebrecht y están obligados a pedir excusas a la sociedad dominicana, justamente indignada.
Asimismo, criticó lo que calificó de sesgo que ha conllevado a una distribución de responsabilidad por igual entre los imputados y tiende un manto de impunidad a vinculados al actual gobierno, cuando los datos de que dispone el Ministerio Público ponen en claro quiénes son los que habrían incurrido en el mayor número de ilícitos y tendrían las mayores responsabilidades en el caso Odebrecht en República Dominicana.
En un documento dado a conocer este jueves, Participación Ciudadana advirtió que los principales líderes políticos no pueden refugiarse en demandar el respeto al debido proceso, «que todos debemos preservar», sino proceder de manera firme y decidida a poner en marcha reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que agobian a la República Dominicana.
Consideró se debe comenzar de inmediato con la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos, legislaciones demandadas desde hace años, para reducir el desmesurado costo de la democracia nacional.
Al criticar lo que considera un sesgo de distribución de responsabilidades por igual entre los imputados, PC señala que tras la enumeración de 17 obras contratadas, desde la primera, el Acueducto de la Línea Noroeste, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, el documento expresa textualmente, en su página 14 que «Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado, Angel Rondón Rijo, a funcionarios de República Dominicana, utilizando una estructura corporativa de empresas offshores pertenecientes al imputado Angel Rondón y a la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht».
Para PC llama la atención que en la instancia de la PGR aparezcan igual número de imputados vinculados a la contratación y aprobación de las primeras dos obras, montantes a un cinco por ciento de la totalidad de la inversión pública implicada, y a las otras 15 que representan el 95 por ciento.
«Más aún cuando la totalidad de las transferencias de Odebrecht a Angel Rondón, registradas en el documento, se produjeron entre el 2007 y 2015, período en que se registra la gran mayoría, lo que implica un sesgo político al distribuir responsabilidades por igual y tender un manto de impunidad a vinculados al actual gobierno», precisa.
A juicio de PC, las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con la complicidad de órganos judiciales y electorales secuestrados por el partido gobernante.
El documento íntegro:
Ante las actuaciones del Ministerio Público en el caso Odebrecht
Después de un análisis ponderado de la instancia con que la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado medidas de coerción contra 14 personas imputadas por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que fue decidida por el magistrado Francisco Ortega Polanco, imponiendo medidas de coerción a todos los imputados en lo que puede calificarse como un triunfo de la posición de la PGR, Participación Ciudadana formula los siguientes planteamientos:
1.- Aunque el documento presentó suficientes indicios para sustentar causa probable y los otros elementos que justifican medidas de coerción, lo que explica el resultado obtenido, fue notorio la comisión de errores injustificables que aunque no afectaron la solicitud realizada ni las investigaciones por realizar, ayudan a desacreditar, no solo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales, y contribuyen a sustentar las posiciones de aquellos que creen que se trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad.
2.- El caso Odebrecht se encuentra en una etapa procesal que permite subsanar cualquier error cometido, pues el Ministerio Público, aún cuenta con un plazo de por lo menos ocho meses para completar la investigación y presentar acusación, cuidando de no cometer nuevos errores, e incluyendo a los responsables que aún no han sido identificados pero que de acuerdo al documento de la PGR, “de la investigación ya se vislumbra que serán más imputados.” También fue notoria la exclusión de parientes de dos de los principales imputados, con hechos descritos que los vinculan a los hechos perseguidos.
3.- El documento recoge con fechas, entre el 2007 y 2015, las transferencias por unos 81.2 millones de dólares realizadas por cinco empresas de Odebrecht, a dos del imputado Angel Rondón, identificado como el repartidor de sobornos a funcionarios dominicanos, para contratación y ejecución de obras públicas por un valor de 5 mil millones 957 mil 457 dólares.
4.- Tras la enumeración de 17 obras contratadas, desde la primera, el Acueducto de la Línea Noroeste, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, el documento expresa textualmente, en su página 14 que «Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado, Angel Rondón Rijo, a funcionarios de República Dominicana, utilizando una estructura corporativa de empresas offshores pertenecientes al imputado Angel Rondón y a la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht».
5.- Llama la atención que en la instancia de la PGR aparezcan igual número de imputados vinculados a la contratación y aprobación de las primeras dos obras, montantes a un cinco por ciento de la totalidad de la inversión pública implicada, y a las otras 15 que representan el 95 por ciento. Más aún cuando la totalidad de las transferencias de Odebrecht a Angel Rondón, registradas en el documento, se produjeron entre el 2007 y 2015, período en que se registra la gran mayoría, lo que implica un sesgo político al distribuir responsabilidades por igual y tender un manto de impunidad a vinculados al actual gobierno.
6.- El análisis de las transferencias de Odebrecht a Rondón indica un aumento progresivo de los montos, con un 85 por ciento entre el 2010 y 2015, y 74 por ciento entre los años 2012 y 2015, cuando superaron los 60 millones de dólares, justo en el período en que se contrataron cinco obras por más del 50 por ciento de las inversiones, resaltando la de las plantas de carbón de Punta Catalina por 2 mil 10 millones744 mil 751 dólares.
7.- Aunque posteriormente la PGR dijo en un comunicado que en las plantas de carbón sólo hubo sobornos a un senador y un diputado para la aprobación de su financiamiento, ello resulta inconsistente, puesto que no se les identifica, y por demás el partido de gobierno ya contaba con casi todos los senadores y más del 60 por ciento de los diputados, lo que haría innecesario el soborno. A menos que sea muy grande el lodazal del que el presidente del senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, dijo haber escapado.
8.- Es resaltante que los documentos recibidos de la justicia brasileña no presentan la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y homologado con la Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha exigido la PGR. La PGR alegó que el acuerdo ayudaría a obtener las pruebas que permitirían identificar e incriminar a los funcionarios sobornados y que en caso contrario la empresa brasileña habría incumplido el acuerdo y el mismo sería terminado. A esta fecha, todavía no se conocen las pruebas que identifiquen a los sobornados, y a pesar de la promesa, aún no han sido divulgados los papeles de Brasil que ya están en manos de la PGR.
9.- En la instancia asoman las sobrevaluaciones de las obras contratadas con la Odebrecht, que a más de cinco meses del estallido del escándalo aún no han sido auditadas, lo que implica una grave negligencia investigativa.
10.- En dos casos se alude a testimonios de financiamientos de campañas electorales por parte de la Odebrecht, lo que no ha asumido con diligencia el Ministerio Público, pese a los testimonios de quienes dirigían el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña, guardando silencio sobre la denuncia presentada por Participación Ciudadana, junto a otras tres instituciones sociales, con fuertes indicios de tal ocurrencia. Como tampoco se investiga el grave testimonio de que utilizaron el país para sus operaciones de corrupción internacional.
11.- Las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con la complicidad de órganos judiciales y electorales secuestrados por el partido gobernante.
12.- Los líderes políticos nacionales, incluyendo al presidente Danilo Medina y sus antecesores, no pueden refugiarse en la demanda del respeto al debido proceso, que todos debemos preservar, y reconocer la gravedad del escándalo que ha generado tanta indignación en la sociedad dominicana, a la que están obligados a pedir excusas y proceder firme y decididamente a implementar reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que nos agobian. Ello debe comenzar de inmediato con la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos hace años demandadas para reducir el desmesurado costo de la democracia nacional y por las pendientes decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura.
Participación Ciudadana invita a la ciudadanía a dar seguimiento al curso del proceso penal, a los fines de lograr reducir la impunidad y la corrupción en la República Dominicana.
CONSEJO NACIONAL
8 de junio de 2017
