Imputados caso Odebrecht recibieron millones por aprobación de las obras
El expediente dice que dichos pagos “se hicieron de manera informal con el fin de asegurar el cobro efectivo de valores” y “poder justificar ante las entidades financieras los montos recibidos”.
De acuerdo al documento, Vanconcelos Cruz “reportó 21 pagos” y afirmó que “autorizó los pagos a Rondón del 2% del valor de cada obra” obtenida.
Continuó diciendo que Roberto Rodríguez, ex director de INAPA, habría aceptado una “gran cantidad de dinero en dólares para firmar el 7 de marzo de 2002 la adenda que introduciría ilegalmente a Odebrecht” al país por un superior a los161 millones de dólares. (US$161,761,441).
Explicó además que Rodríguez, en el 2003, habría firmado otra adenda para “incrementar la partida para la supuesta complementación y terminación del acueducto del noroeste”.
De acuerdo al expediente, con esta segunda adenda “se buscaba aumentar los beneficios de Odebretch y facilitar los pagos dados en soborno a los imputados Rodríguez, Andrés Bautista y Alfredo Pacheco”.
El documentos citó, además, que Rodriguez “recibió el pago en efectivo y posterior a su salida del INAPA introdujo al sistema financiero parte de lo recibido como pago del soborno”, según evidencian certificados de la Superintendencia de Bancos.
Rodriguez y Victor Diaz) El Ministerio Publico añade que las modificaciones al proyecto no solo fueron realizadas en la gestión de Rodríguez, sino que al llegar Víctor Díaz Rúa a dirigir el INAPA, a los dos meses de su designación, se realizó otra adenda elevando nuevamente el monto de la obra.
Asimismo, según el expediente, Ángel Rondón habría admitido que recibió de Odebrecht más de tres millones de dólares supuestamente para sobornar a los funcionarios y legisladores antes mencionados.
Por el acueducto de la Línea Noroeste, Rondón habría recibido “un millón 597 mil dólares suma que utilizaba para el pago de sobornos para Díaz Rúa, Bautista y Pacheco”.
El expediente indica que Díaz Rúa, a su llegada a la Secretaría de Obras Públicas, continuó con la corrupción y el soborno.
Agregó que el imputado realizó “transacciones sospechosas y el crecimiento de su patrimonio” inició en las fechas en que “se firmó la adenda III de la construcción del acueducto de la Línea Noroeste” más la firma de “la ampliación de la Línea Noroeste y su adenda”, hecho que comprueban con “una certificación de la Superintendencia de Bancos”.
El Ministerio Público dice que la red de sobornos alcanzó el proyecto Hidroeléctrico Pinalito, ya que Ángel Rondón habría contactado a César Sánchez, administrador de la CDE en ese entonces , Bernardo Castellanos, de EGEHID y Máximo De Oleo, administrador de esa institucion, quienes dirigían los proyectos de actualización de estudios de los proyectos hidroeléctricos.
A estos Ángel Rondón supuestamente les “entregó dinero como soborno, a fin de que opinaran favorablemente a que la hidroeléctrica Pinalito fuera construida por Odebrecht”, dinero que fue pagado por la empresa, según las declaraciones de Vasconcelos Cruz.
El ex director de Odebretch en el pais, habría declarado que Rondón sobornó a Sánchez para que viabilizara la aprobación del referido proyecto.
Según el documento Sánchez “aceptó el soborno para que fueran contratadas las adendas I, II y III, al contrato de Pinalito”.
Como fruto del soborno recibido, el expediente indica que Sánchez se enriqueció ilícitamente al aumentar su patrimonio neto en un 100%.
Para el proyecto Pinalito, el documento indica que Rondón “mantuvo contacto directo con Bautista, quien era presidente del Senado; y Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados”; para asegurar la “aprobación en el Congreso Nacional del préstamo”.
El expediente continua diciendo que “estos legisladores fueron sobornados con el fin de influir en sus respectivas cámaras”.
Según el testigo Ernesto Sa Viera, esa aprobación se realizó por la intervención de los imputados Bautista y Pacheco, admitiendo dicho testigo, que “si no se hubiera realizado el pago a los citados legisladores, los financiamientos no serían aprobados”.
El ministerio Público ha establecido en su documento que muchos de esos alegados sobornos incrementaron de manera considerable el patrimonio de los acusados.
