Palacio de justicia Santo Domingo revela carencias del Poder Judicial

Como un espejo, así retrata el palacio de justicia de la provincia Santo Domingo, las dificultades por las que atraviesa el Poder Judicial. Es, si no el más, uno de los más concurridos distritos judiciales del país, y de los que peores condiciones presenta. Donde la deficiencia de espacio y de personal hace de cada proceso judicial un viacrucis para jueces, Ministerio Público, abogados, víctimas y querellantes.
Las precariedades de esta jurisdicción van, no solo de los eventuales apagones, que transforman el palacio en una boca de lobo, también a cortes y tribunales en diminutos espacios, no propios para ventilar conflictos.
Hacer un trámite judicial, que pudiera en cualquier otra secretaría de tribunal tardar minutos, allá pueden transformarse en todo un día, debido a que, a pesar de ser la jurisdicción más grande, solo cuenta con una secretaría, para dar respuesta a los miles de casos que llevan.
Una estructura física que resulta insuficiente, distribuciones que parecieran un laberinto con señales de abandono, donde la comodidad y la accesibilidad son casi nulas, así se imparte justicia en la provincia Santo Domingo.
Estas condiciones hacen que la justicia, que debe ser accesible a todos, no lo sea, como admite Darío Gómez, el juez miembro de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo.
“El edificio es muy estrecho, entonces la afluencia de personas hace imposible atender todos los usuarios, aunque nosotros quisiéramos”, explica Gómez.
Y no solo es un tema de espacio, también de recursos, pues aunque necesitan más personal, no hay espacio para ubicarlos, mucho menos para contratarlos, según declara el presidente de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, Manuel del Socorro.
La situación se torna desalentadora, según los magistrados, al saber que el prometido, muy necesario y publicitado palacio judicial, anunciado en junio del 2014 y tras el primer picazo en mayo del 2015, solo la remoción de tierra se ha hecho. Los trabajos están detenidos.
Al pasar por la avenida Sabana Larga, en el sector Los Mina, en lo que a estas alturas debería ser la casa judicial, solo hay malezas.
Esa era una esperanza de que por lo menos en tema de espacio, mejoraría, además tendría en un solo lugar todas las instancias.
Por reseñar una de las tantas dificultades, está el cuarto que aloja a los detenidos, de unos escasos metros y con frecuencia está abarrotado, teniendo los presos y todo el que transita por esa área, convivir con un nauseabundo olor a orinas.
Pero una de las cosas que más les preocupa a estos jueces es el Juzgado de Atención Permanente, que opera en un furgón, tanto el tribunal como la secretaria y donde tienen que convivir en un diminuto espacio, tanto víctimas como victimarios, casi siempre cuando los hechos tienen poco tiempo de haber ocurrido y los ánimos aún caldeados.
Y tan desagradable es el ambiente para los que están de paso, como la prensa, más lo es para los querellantes, que como asegura el abogado Manuel Bolívar García, prefieren abandonar los procesos antes de someterse al viacrucis que representa ir a una audiencia. Los dos tribunales colegiados y los tres de instrucción están ubicados en el mismo nivel, y esperar por una audiencia, da la sensación de que se está en un mercado, por la aglomeración de personas y el bullicio.
A diario se conocen el promedio de 30 medidas de coerción en la Unidad de Atención Permanente; la Corte conoce al año cerca de 1,200 expedientes.
“La cantidad de expedientes que llegan es demasiado grande, por lo que darle respuesta en el tiempo oportuno resulta casi imposible”, dice del Socorro.
Dicen estar conscientes de que la solución de tales situaciones no dependen del presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, pues es un tema de recursos, por lo que llaman la atención de las autoridades gobernantes.